Críticas a la licitación de la Vía Navegable Troncal del río Paraná

En un análisis detallado, Homero Bibiloni, exsecretario de Medio Ambiente de la Nación y especialista en Derecho Administrativo y Ambiental, expone sus preocupaciones sobre el proceso licitatorio de la Vía Navegable Troncal del río Paraná. Según Bibiloni, la adjudicación impulsada por el Gobierno nacional está plagada de irregularidades jurídicas, técnicas y ambientales.

bajo las categorías de irregulares ambientales. El procesó no fue transparente. En una entrevista con NecRadio, Bibiloni sostuvo que el proceso "está hecho a medida" para favorecer a un determinado oferente y señaló que la profundización del dragado terminará perjudicando directamente a los puertos bonaerenses, entre ellos Quequén, al concentrar una mayor carga de mercadería en el Paraná.

"No hubo una verdadera evaluación ambiental", advirtió el exfuncionario, explicando que uno de los principales cuestionamientos apunta a la inexistencia de un estudio integral de impacto ambiental antes de avanzar con la nueva concesión. Según Bibiloni, el Gobierno realizó una audiencia pública, pero sin presentar una evaluación científica que analizara las consecuencias del incremento del calado y del volumen de dragado sobre toda la cuenca.

"Lo que hubo fue un simulacro de audiencia pública. Nunca existió una evaluación de impacto ambiental integral sobre la cuenca del Paraná, como exige la legislación vigente", afirmó. El exfuncionario remarcó que tampoco se determinó qué ocurrirá con los millones de metros cúbicos de sedimentos que deberán extraerse del río para permitir el ingreso de embarcaciones de mayor porte.

Además, Bibiloni sostuvo que el aumento de la profundidad del canal busca que los buques completen su carga directamente sobre el Paraná, reduciendo la necesidad de operar en puertos marítimos de la provincia de Buenos Aires. Esa decisión desfavorece a puertos como Quequén, Bahía Blanca y Mar del Plata, porque los barcos podrán salir prácticamente completos desde el Paraná, señaló.

"Es una licitación amañada", aseguró durante la entrevista, cuestionando que la competencia económica no se haya realizado mediante ofertas a la baja, como ocurre habitualmente en este tipo de contrataciones. El exfuncionario consideró que el diseño del pliego licitatorio favorece a un oferente determinado y que el Estado se verá obligado a asumir la mayor parte de los riesgos económicos del contrato.