Dictamen del Procurador General respalda a la Administración de Necochea en conflicto con el Concejo Deliberante

El conflicto institucional entre el Departamento Ejecutivo de Necochea y el Honorable Concejo Deliberante (HCD) ha sumado un capítulo clave con la emisión de un dictamen del Procurador General de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, que recomienda hacer lugar al planteo del intendente Arturo Rojas y declarar la nulidad de la Ordenanza Nº 12.148/2026.

Según el dictamen, el cuerpo deliberativo excedió sus atribuciones constitucionales al incorporar de manera unilatérica nuevas exenciones en Derechos de Oficina, Estacionamiento Vehicular y Patentes de Rodados para veteranos de la guerra de Malvinas, sus viudas e hijos menores, proyectadas para el ejercicio fiscal 2027.

El Procurador General destacó que la controversia es estrictamente institucional y no gira en torno a la legitimidad o conveniencia del beneficio para los excombatientes. El eje del asunto radica en determinar quién posee la competencia legal para modificar el régimen tributario de la comuna.

El jefe de los fiscales bonaerenses recordó que, según la Constitución de la Provincia y la Ley Orgánica de las Municipalidades (LOM), la iniciativa en materia impositiva y presupuestaria es una facultad exclusiva del Departamento Ejecutivo. Si bien el Concejo Deliberante tiene la potestad de analizar, debatir y aprobar estos proyectos, carece de la atribución de originarlos por cuenta propia si alteran el cálculo de recursos de la administración.

El Procurador también advirtió sobre la falta de sustento técnico de la normativa local, al afirmar que el HCD avanzó con la reforma sin analizar el impacto real que la quita de tasas tendría sobre las arcas municipales, omitiendo además justificar su compatibilidad con el presupuesto.

Con estos argumentos, el dictamen concluye con la recomendación formal a la Suprema Corte de Justicia para que declare la nulidad de la Ordenanza Nº 12.148/2026 por haber invadido la esfera de competencia del Ejecutivo, encuadrando la situación en el artículo 196 de la Constitución provincial.

A la espera del veredicto final, cabe recordar que los efectos de la polémica ordenanza y el decreto de insistencia del Concejo ya se encuentran frenados por una medida cautelar dictada previamente.

No obstante, el conflicto institucional sigue siendo un tema de debate en Necochea y la decisión de la Suprema Corte de Justicia tendrá un impacto significativo en la forma en que se gestionan las políticas públicas en la comuna.