Representantes rurales del sudeste bonaerense se reúnen en Ayacucho para discutir política sanitaria ganadera

En un encuentro reciente en Ayacucho, representantes de las 16 sociedades rurales del sudeste bonaerense adheridas a la Confederación de Asociaciones Rurales de Bonaerenses para el Desarrollo Agrario (CARBAP) se reunieron para analizar el presente y futuro de la política sanitaria ganadera. El evento tuvo lugar en un contexto donde el sector rural bonaerense se encuentra en una situación crítica debido a la implementación de la Resolución 201/2026 del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), que desde enero permite a los titulares de Registro Nacional de Proveedores de Servicios Agrícolas (RENSPA) elegir libremente veterinarios privados acreditados para realizar las campañas obligatorias de vacunación contra la fiebre aftosa y la brucelosis bovina.

Rechazo a la desregulación

Los dirigentes rurales coincidieron en que el actual sistema, administrado por entes y fundaciones conformadas por los propios productores, garantiza la trazabilidad, el control sanitario y la coordinación de las campañas de vacunación en cada distrito. Sin embargo, desde la Zona VI de CARBAP informaron que trabajan en la elaboración de un documento con fundamentos técnicos para expresar su preocupación por la medida y solicitar la apertura de una instancia de diálogo con las autoridades nacionales.

Si bien reconocieron que existieron reuniones con funcionarios, señalaron que hasta el momento no hubo respuestas que despejen las inquietudes del sector respecto de la implementación de la nueva normativa.

Los ruralistas sostienen que el esquema vigente ha permitido mantener campañas sanitarias eficientes gracias al trabajo conjunto entre productores, veterinarios y fundaciones locales, garantizando además el volumen de vacunación y la organización territorial.

El objetivo de los representantes de CARBAP es asegurar que la política sanitaria ganadera continúe siendo efectiva y eficiente sin comprometer la seguridad y la calidad de los productos agrícolas bonaerenses.

Puerto Quequén, un tema central en el encuentro

La reunión también se centró en la situación institucional de Puerto Quequén, donde se expresó la preocupación por la falta de designación de un presidente definitivo para el Consorcio de Gestión. Los representantes rurales expresaron su interés en integrar el directorio del organismo, ya que consideran que los productores agropecuarios deben contar con representación en ámbitos estratégicos para la actividad en general.

En este contexto, el Consorcio de Gestión de Puerto Quequén es crucial, ya que se encuentra inmerso en procesos licitatorios importantes, como el de Terminal Quequén y ACA. La falta de coordinación puede tener implicaciones graves para la actividad agropecuaria, lo que motiva a los representantes de CARBAP a estar muy comprometidos con este tema.

Renovación de autoridades

En el marco de este importante encuentro, se hizo un reconocimiento al dirigente Santo Rosati, presidente de la Sociedad Rural de General Lavalle y miembro de la comisión saliente de CARBAP, por su tarea como coordinador regional.

Se informó que la Confederación renovará sus autoridades el próximo 30 de julio, mientras que un día antes, el 29 de julio, realizará un remate especial en el Mercado Agroganadero de Cañuelas junto a sus entidades adheridas.

La iniciativa, organizada en el marco del convenio entre CARBAP y el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), permitirá a los productores consignar hacienda a distintas firmas consignatarias y generar recursos para fortalecer la actividad gremial de la entidad.

Participaron representantes de las sociedades rurales de Ayacucho, Mar Chiquita, General Guido, General Madariaga, Lobería, Mar del Plata, Benito Juárez, Balcarce, General Alvarado, Tandil, Gonzales Chaves, Maipú, Necochea, Rauch, General Lavalle y San Cayetano en este relevante encuentro. En él se pusieron de manifiesto los desafíos que enfrenta la política sanitaria ganadera en el sudeste bonaerense y la necesidad de una respuesta efectiva de las autoridades para abordarlos.