En un giro significativo, el Ministerio de Economía de la Nación se enfrenta con denuncias por parte de los intendentes de todo el país. Ellos sostienen que el ministro Luis Caputo ha malversado caudales públicos derivados del impuesto a los combustibles, destinados a infraestructura vial. Este asunto ha ganado un gran eco a nivel provincial, con los miembros de la Federación Argentina de Municipios (FAM) buscando una solución urgente para el problema.
De acuerdo con los representantes comunales, la ley 23.966 modifica por la ley 27.430 establece que un porcentaje de los ingresos por el impuesto a los combustibles debe destinarse al Fideicomiso de Infraestructura de Transporte. A pesar de que el año pasado se recaudaron 3,5 billones de pesos para el fideicomiso, el año pasado solo se transfirieron 1,2 billones a Vialidad.
“Ese dinero se destina a la especulación financiera vía emisión y pago de bonos, compra de dólares y para favorecer el carry trade”, manifestó una intendenta durante las declaraciones consignadas por la Agencia Noticias Argentinas. A consecuente con esto, los jefes comunales decidieron avanzar en consultas con asesores letrados para impulsar una acción judicial si no se abre una instancia de diálogo para normalizar el flujo de recursos.
La tensión aumenta en la Casa Rosada ante el escenario de posibles investigaciones judiciales. Por otro lado, las denuncias sobre la malversación de los recursos por parte del ministro Caputo ya se están analizando en los tribunales federales.
Debido a la gravedad de la situación, los intendentes de la FAM han expresado su preocupación ante el futuro del país. En palabras de uno de los miembros de la FAM: “La situación es apremiante y los recursos se agotan. Pedimos diálogo para encontrar soluciones, pero si no somos escuchados no queda otra opción”. El conflicto sigue abiertamente sin una solución a la vista.