En un fallo que ha generado expectación, la justicia federal ha suspendido la aplicación de la reforma a la ley de glaciares en la provincia de Santa Cruz. Esta medida fue dispuesta por el juez federal Claudio Vázquez en respuesta a un amparo ambiental presentado por el Gobierno municipal y el Concejo Deliberante de la ciudad de El Calafate. La reforma en cuestión, aprobada por el Congreso el 9 de abril y promulgada recientemente, buscaba habilitar a las provincias a definir las zonas periglaciares donde podrían autorizarse actividades extractivas, incluyendo la minería.
Si bien esta medida ha sido vista como una herramienta necesaria para fomentar el desarrollo económico, particularmente en el sector minero, por parte del Gobierno nacional, los detractores de la reforma han argumentado que pone en riesgo el equilibrio ambiental de la región. El Gobierno municipal y el Concejo Deliberante de El Calafate, que presentaron el amparo ambiental, han expresado su oposición a la reforma y han destacado la importancia de proteger los glaciares y su entorno como reservas estratégicas de agua dulce.
La legislación original, sancionada en 2010, es considerada pionera en América Latina por establecer la protección de los glaciares y su entorno. El fallo judicial suspende la aplicación de la reforma en la provincia de Santa Cruz hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo.
La decisión judicial abre un nuevo capítulo en la disputa entre desarrollo productivo y preservación ambiental. El caso podría escalar a instancias superiores y sentar un precedente sobre la implementación de políticas extractivas en zonas sensibles. Mientras tanto, la reforma a la ley de glaciares queda en pausa en una de las provincias más estratégicas en materia ambiental del país.