Rechazo a la Provincialización de Rutas Nacionales
La medida del Decreto 253/2026, que transfirió la responsabilidad de las rutas nacionales a las provincias y autorizó el cobro de peajes sin una ley formal, ha desatado una oleada de críticas de parte del Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV).
El Debate se Centra en Cuestiones Legales y Económicas
Según el organismo, la normativa carece de una Ley formal del Congreso, requisito indispensable para cualquier medida que afecte a la Red Vial Nacional. Además, se cuestiona la transferencia presupuestaria correspondiente, dejando a las provincias con la carga de mantenimiento pero sin los recursos necesarios.
Puntos Críticos del Rechazo del CONADUV
El rechazo del CONADUV se fundamenta en cinco puntos críticos:
- Violación de la Legalidad Tributaria: El decreto impone una carga económica obligatoria de forma arbitraria, sin una ley que lo respalde.
- Peaje como «Impuesto Encubierto”: No existe una contraprestación efectiva, lo que convierte el peaje en una doble imposición.
- Vulneración del Federalismo: La transferencia de bienes federales sin intervención del Congreso y sin fondos asignados traslada una crisis financiera a las provincias.
- Falta de Razonabilidad: La medida es desproporcionada y no garantiza mejoras en la seguridad vial ni en la logística productiva.
- Afectación de Derechos Fundamentales: Se consideran vulnerados el derecho a la libre circulación y el derecho de propiedad.
Un Sistema de Peaje Directo que Ha Frustrado las Expectativas de la Comunidad
El CONADUV sostiene que el sistema de concesiones por peaje directo ha sido un «fracaso y una estafa» que encarece los costos de transporte y resta competitividad a las economías regionales.
Propuesta para Un Plan Vial Nacional Integral
En lugar de seguir con la provincialización de rutas nacionales, el CONADUV insta a las autoridades a:
- Jerarquizar la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) para recuperar el rol rector del Estado.
- Destinar el Impuesto a los Combustibles exclusivamente a su fin original: caminos óptimos sin barreras.
- Impulsar un Plan Multimodal (vial, ferroviario y fluvial) que actúe como política de Estado y no como un negocio para grupos económicos reducidos.
La comunidad espera respuesta y soluciones efectivas a esta crisis que amenaza la seguridad y la competitividad de nuestras economías regionales.