Reforma Penal Juvenil: Argentina baja la edad de imputabilidad a 14 años
El Gobierno nacional ha tomado una decisión importante con la promulgación del nuevo Régimen Penal Juvenil, una reforma que busca introducir cambios significativos en el sistema de responsabilidad penal para menores de edad en Argentina. A través del Decreto 138/2026, publicado en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques, se busca abordar la seguridad y la justicia penal en el país. La medida fue aprobada por el Senado el 27 de febrero, con 44 votos a favor y 27 en contra, durante el período de sesiones extraordinarias del Congreso.
Uno de los cambios más relevantes de la norma es la bajada en la edad de imputabilidad, que pasa de 16 a 14 años. De esta manera, adolescentes de 14 y 15 años podrán ser juzgados penalmente en determinados delitos dentro de un sistema específico para menores. La ley también establece un sistema de sanciones escalonadas, que contempla varias opciones, como programas socioeducativos, restricciones de conducta, servicios comunitarios, reparación del daño y, en casos de delitos graves, penas de prisión que se cumplirán en establecimientos diferenciados de los destinados a adultos.
Un sistema de sanciones graduadas y programas socioeducativos
La norma busca priorizar la reinserción social y el acompañamiento educativo, pero también plantea desafíos. El debate público incluye cuestionamientos sobre la capacidad del sistema para garantizar esas objetivos. Es importante destacar que el proyecto original propuso bajar la edad de imputabilidad a 13 años, pero durante el debate legislativo se acordó fijarla en 14 años para lograr consenso con sectores de la oposición. La iniciativa contó con el acompañamiento de legisladores de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR y bloques provinciales.
Comparando con otros países, Argentina se ubica en un esquema similar al de varios países de América Latina donde la responsabilidad penal juvenil comienza a los 14 años. En otros países de la región, como Brasil, Ecuador, Costa Rica, El Salvador y Panamá, el inicio de la responsabilidad penal se establece incluso desde los 12 años. El debate sobre la edad de imputabilidad y el rol del sistema penal juvenil continúa siendo uno de los temas más discutidos en la agenda pública vinculada a seguridad, justicia y políticas de infancia.