En el panorama fiscal, una nueva herramienta destinada a facilitar trámites y reducir burocracia ha generado diversas reacciones en el ámbito empresarial y político. El régimen de Impuesto a las Ganancias Simplificado, introducido por el Gobierno, ha sido objeto de fuertes cuestionamientos por parte de especialistas en la materia.
Según Guillermo Pérez, CEO del Grupo GNP, se trata de una medida que podrían interpretar como un ‘blanqueo encubierto’, lo que podría terminar favoreciendo a aquellos que mantuvieron activos o dinero sin declarar. Esta advertencia se ha recibido con cautela en el contexto de la ‘Ley de Inocencia Fiscal’, impulsada por la administración de Javier Milei como un cambio de paradigma en la relación entre el Estado y los contribuyentes.
El nuevo sistema incluye una especie de ‘tapón fiscal’ que permitiría incorporar al patrimonio dinero o bienes no declarados, siempre que estén dentro del ‘perfil de riesgo’ del contribuyente, sin enfrentar sanciones por parte de la ARCA. Dicho de otra manera: quien estuvo años sin declarar parte de sus activos podría regularizar su situación sin grandes consecuencias.
Es importante destacar que varios especialistas en el área han expresado preocupación con respecto a cómo estas medidas pueden desalentar a aquellos que sí cumplieron históricamente con sus obligaciones tributarias. Pérez también destacó que, con este esquema, la lógica del sistema cambia: ‘hasta ahora todos eran culpables hasta demostrar lo contrario; ahora es al revés’.
Además, la reducción de controles cruzados ha sido otro de los puntos más polémicos del nuevo régimen. Bancos, escribanos y otros agentes económicos dejarían de informar determinadas operaciones a ARCA, o lo harían con pisos mucho más altos. Por ejemplo, movimientos bancarios que antes se reportaban desde montos cercanos al millón de pesos ahora pasarían a informarse recién entre los $30 y $50 millones.
Por su parte, el oficialismo sostiene que se trata de una medida para agilizar el sistema, bajar costos administrativos y dejar de perseguir al contribuyente ‘de buena fe’. Sin embargo, las críticas apuntan a otra cosa: que el Estado podría estar resignando capacidad de control en nombre de la simplificación.
En un país donde la evasión fiscal ha sido históricamente uno de los grandes problemas estructurales, la discusión recién empieza. Y la gran pregunta que ya circula es incómoda: ¿se está premiando al evasor?