La Cámara Comercial de la ciudad de Buenos Aires confirmó la condena contra un banco por suincumplimiento en la detección y fiscalización de una serie de transferencias fraudulentas que sufrió una jubilada en tan solo 22 minutos. Este caso comenzó con la denuncia de la damnificada, quien expuso que le sustrajeron $2.430.000 mediante seis transferencias consecutivas realizadas desde su cuenta hacia destinatarios desconocidos.
Según el fallo, las operaciones debieron ser alertadas por el banco, ya que estas seis transferencias en un lapso de 22 minutos no son operaciones habituales. Además, la organización incurrió en incumplimiento de su deber de seguridad al no activar alertas ni verificar la identidad de quien operaba la cuenta.
El banco pretendió durante el caso que la víctima probara que no entregó sus claves, pero esta exigencia era imposible de cumplir. Otro factor que se consideró fue que la clienta era una persona mayor, lo que la ponía en una situación de especial vulnerabilidad.
Basándose en esta información, los magistrados confirmaron la sentencia del banco, que deberá devolver el dinero robado y, en compensación por daño moral, pagará una indemnización de $2.500.000. Esta decisión es un ejemplo de la responsabilidad que las instituciones financieras deben asumir para proteger a sus clientes.