Denuncia de Conflicto de Poderes ante la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires
El intendente Arturo Rojas presentó una denuncia de conflicto de poderes ante la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires contra el Honorable Concejo Deliberante de Necochea.La denuncia se fundamenta en…
El intendente Arturo Rojas presentó una denuncia de conflicto de poderes ante la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires contra el Honorable Concejo Deliberante de Necochea.
La denuncia se fundamenta en la Ordenanza N° 12.148/26, que el Cuerpo aprobó por insistencia el 6 de mayo tras el veto del Ejecutivo. El intendente pide que se declare inválida la norma y solicita su suspensión inmediata mientras la Corte sustancia el conflicto.
El conflicto de poderes: un tema de procedimiento
La Ordenanza N° 12.148/26 establece exenciones fiscales para veteranos de las Islas Malvinas, sus viudas e hijos menores. Aunque nadie pone en cuestión el mérito del reconocimiento, el intendente impugna el procedimiento seguido para su aprobación.
Según el artículo 109 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, corresponde al Departamento Ejecutivo proyectar las ordenanzas impositivas y el presupuesto de gastos y recursos. Por lo tanto, el Concejo Deliberante no puede modificar el régimen impositivo municipal sin la iniciativa del propio Ejecutivo.
La jurisprudencia a favor
La Suprema Corte bonaerense ha establecido una línea jurisprudencial extensa y consistente en la materia, según la cual toda iniciativa normativa que afecte la ordenanza presupuestaria debe originarse en el Departamento Ejecutivo.
El municipio también puso en contexto el patrón de conducta del Cuerpo Deliberante en los últimos meses, presentando ordenanzas que modifican el presupuesto en ejecución y fondos creados con afectación de recursos municipales sin intervención del Ejecutivo.
Una denuncia sólida y con respaldo institucional
El intendente llegó al máximo tribunal con un expediente sólido, una doctrina consolidada de su lado y la propia voz de los concejales opositores como prueba de la intención real detrás de la ordenanza cuestionada.
La Corte deberá ahora resolver si da curso al conflicto y dispone la suspensión de la norma.
