El debate sobre la Ley de Etiquetado Frontal vuelve a encender la llama

En un intento por avanzar sobre la Ley de Etiquetado Frontal, la posibilidad de flexibilizar o derogar la normativa vigente volvió a generar preocupación entre profesionales de la salud, organizaciones sociales y especialistas en nutrición. Se advirtió que esto podría tener consecuencias sanitarias y afectar negativamente la salud pública.

El debate se reactivó luego de distintas modificaciones impulsadas por el Gobierno nacional y proyectos que apuntan a eliminar el actual sistema de advertencias en los alimentos ultraprocesados. La medida generó críticas por parte de colegios profesionales y entidades vinculadas a la salud pública.

En su momento, la Ley de Etiquetado Frontal obligó a que productos con exceso de azúcares, sodio, grasas o calorías lleven octógonos negros visibles en sus envases para advertir a los consumidores sobre su composición nutricional. Además, la ley regula la publicidad dirigida a niños y limita la promoción de productos no saludables en escuelas.

Desde distintos sectores profesionales sostienen que los cambios propuestos representan «un retroceso» y priorizan intereses económicos por encima de la salud pública. Según explicaron, los sellos funcionan como herramientas rápidas y claras para que las personas puedan tomar decisiones más conscientes al momento de comprar alimentos.

Riesgos y consecuencias

Uno de los puntos más cuestionados es la posibilidad de modificar la forma en que se calculan los nutrientes críticos, ya que algunos alimentos podrían dejar de mostrar advertencias pese a mantener altos niveles de grasas, sodio o azúcares. También se cuestiona la flexibilización de controles sobre publicidad y composición de productos.

Especialistas remarcan que Argentina registra altos índices de obesidad, sobrepeso y enfermedades crónicas vinculadas a la alimentación, especialmente en niños y adolescentes. En ese contexto, consideran que debilitar la ley implicaría «hipotecar el futuro de la salud pública» y generar mayores costos sanitarios a largo plazo.

Rechazo y protesta

Más de 300 organizaciones académicas y sociales expresaron públicamente su rechazo a la posible derogación de la norma y reclamaron que cualquier modificación se base en evidencia científica y no en intereses de mercado.

Futuro incierto

No hay una solución inmediata al dilema. La pregunta en el aire es ¿qué pasará si se flexibiliza o deroga la normativa? Es probable que continúe una intensa lucha por garantizar una alimentación saludable a los ciudadanos.