La concesión de espacios públicos en Necochea: ¿cumplen los procedimientos legales y ambientales?
El avance de nuevas concesiones municipales en Necochea ha generado una pregunta de fondo: ¿se están cumpliendo los procedimientos legales y ambientales exigidos para intervenir espacios públicos?
Un debate que viene de hace años
El esquema de concesiones es una herramienta histórica del municipio, mediante la cual se otorgan espacios públicos a empresas privadas para el desarrollo de actividades económicas.
sin embargo, el modelo también ha sido cuestionado. En distintos ámbitos se plantea que estas cesiones —muchas veces por más de 30 años— implican condiciones ventajosas para el sector privado, especialmente cuando los cánones son bajos en relación al potencial económico de los emprendimientos.
el eje de la discusión es claro: qué obtiene Necochea a cambio de ceder espacios públicos estratégicos durante décadas y cómo impacta eso en la competencia entre privados.
Un patrón bajo análisis
informes y relevamientos periodísticos vienen señalando una serie de prácticas que generan dudas sobre la transparencia de los procesos.
uno de los datos más contundentes es la reiteración del «ofereinte único» : de nueve activos estratégicos licitados desde 2020, ocho tuvieron un solo participante. esto, lejos de reflejar desinterés del mercado, es interpretado como un posible indicio de procesos que desalientan la competencia.
a ello se suma una estructura de concesiones que, en algunos casos recientes, extendió plazos hasta 40 años y contempló bonificaciones de hasta el 90% del canon durante los primeros años, lo que permite una rápida capitalización privada con un retorno limitado para el municipio.
también se mencionan situaciones como sociedades constituidas poco antes de las licitaciones, con escaso capital o sin antecedentes, que resultan adjudicatarias, e incluso casos donde oferentes inicialmente rechazados fueron luego aprobados sin cambios sustanciales.
antesedentes judiciales que marcaron límites
más allá de estos señalamientos, los antecedentes judiciales recientes en necochea son claros.
en 2025, la justicia anuló la ampliación de la concesión al club villa díaz vélez en el parque miguel lillo, donde se proyectaban canchas de tenis. el fallo remarcó la necesidad de garantizar evaluación de impacto ambiental y participación ciudadana previa.
también se suma el intento de instalar una cancha de hockey en el parque, que finalmente no se concretó en ese espacio y fue trasladada al polideportivo municipal.
en paralelo, la subasta del complejo casino fue suspendida por la justicia en medio de cuestionamientos sobre el procedimiento.
en todos estos casos, el denominador común fue el mismo: la falta de cumplimiento de los pasos legales exigidos para intervenir espacios públicos.
pinolandia y las grutas, en el centro del debate
con estos antecedentes, los nuevos proyectos vuelven a quedar bajo la lupa.
en pinolandia, la intervención se ubica dentro del parque miguel lillo, un espacio protegido de alto valor ambiental y social, donde cualquier modificación exige un proceso riguroso.
en tanto, el proyecto de glamping en el camping las grutas está en el centro del debate. ¿se están cumpliendo los procedimientos legales y ambientales exigidos para intervenir este espacio público? la respuesta es un sonido de silbido en espera de respuesta.