La causa Vialidad, uno de los expedientes judiciales más relevantes de las últimas décadas en la Argentina, ha ingresado en una etapa decisiva con la ejecución del decomiso de bienes de Cristina Fernández de Kirchner, sus hijos Máximo y Florencia, y otros condenados. El objetivo es recuperar $684.990.350.139,86, monto que la Justicia fijó como perjuicio económico causado al Estado por el esquema de irregularidades probado en el reparto de la obra pública en Santa Cruz.
La decisión fue adoptada por el Tribunal Oral Federal N.º 2, luego de que la condena quedara firme tras la confirmación de la Cámara de Casación Penal, y refleja un giro significativo en la lógica judicial: pasar del plano declarativo de la condena al impacto patrimonial efectivo.
El primer listado bajo ejecución incluye alrededor de veinte inmuebles, en su mayoría ubicados en Santa Cruz, especialmente en El Calafate y Río Gallegos, las dos ciudades que funcionaron como epicentro del crecimiento patrimonial de la familia Kirchner entre los años 2000 y 2010. Se trata de propiedades adquiridas durante el ascenso político de Néstor Kirchner y, en muchos casos, transferidas años después a sus hijos.
En El Calafate, uno de los activos más relevantes es un terreno de más de 6.000 metros cuadrados sobre la avenida 17 de Octubre, adquirido en 2007, al que se suman otros lotes de gran extensión comprados ese mismo año, de hasta 87.046 metros cuadrados. Estas operaciones se produjeron en un contexto de fuerte expansión inmobiliaria y turística de la ciudad, que derivó en una revalorización sustancial del suelo.
Entre los bienes más emblemáticos incluidos en el decomiso figura el hotel Los Sauces Casa Patagónica, uno de los símbolos del entramado patrimonial investigado. El complejo está asentado sobre tres terrenos, uno de ellos propiedad de la firma Los Sauces SA y otros dos en condominio entre Máximo y Florencia Kirchner. Parte de la expansión del predio se concretó mediante una permuta con Lázaro Báez, otro de los principales condenados en la causa.
La lista se completa con otros terrenos adquiridos en 2007 y 2008, incluido uno de 16.189 metros cuadrados donde luego se construyó el hotel Las Dunas, lo que refuerza la tesis judicial sobre la integración entre negocios inmobiliarios y flujos de fondos provenientes de la obra pública.
En la capital santacruceña, el decomiso alcanza a un conjunto de departamentos construidos por Lázaro Báez y vinculados a la inmobiliaria de la familia Kirchner. Entre ellos sobresale el complejo de Mitre 535, compuesto por once unidades, adquirido en 2007 por Néstor Kirchner a través de un fideicomiso.
Para la Justicia, este entramado confirma la relación económica estructural entre los Kirchner y Báez, eje central de la causa, y justifica que los bienes vinculados a esa operación sean decomisados. La causa Vialidad es un ejemplo de la importancia de la Justicia en la protección de la integridad del Estado y la recuperación de los bienes incautados.