La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires ha elevado la presión sobre el poder político con un doble planteo: exigió la cobertura urgente de vacantes y presentó un proyecto para avanzar hacia la autonomía presupuestaria y la autarquía económico-financiera del Poder Judicial.
Actualmente, el máximo tribunal funciona con solo tres de los siete miembros que establece la Constitución, una situación que fue señalada como crítica para el funcionamiento institucional.
‘No es una cuestión diferible ni accesoria, sino una condición indispensable para garantizar el gobierno del Poder Judicial y la legitimidad de sus decisiones’, sostuvo su presidente, Sergio Gabriel Torres.
El presidente de la Corte enfatizó que postergar las designaciones es debilitar el sistema, avanzar en ellas es fortalecer el Estado de Derecho.
La Corte remarca que una Corte incompleta no solo afecta su funcionamiento interno, sino también la coherencia de sus decisiones y la conducción del sistema judicial.
En paralelo al reclamo por las vacantes, la Corte presentó un proyecto de ley que establece un régimen de autonomía presupuestaria y autarquía económico-financiera.
El objetivo de la iniciativa es garantizar la independencia real del sistema judicial.
‘El Poder Judicial contará con una dotación de recursos presupuestarios suficientes para desarrollar sus funciones con independencia y eficacia’, plantea el texto.
El proyecto apunta a modificar el esquema actual, en el que el Poder Judicial depende del Ejecutivo para la administración de sus recursos.
Entre los principales cambios que propone está la elaboración del presupuesto por parte de la Suprema Corte, la incorporación como sección autónoma dentro del presupuesto provincial y la establecimiento de mecanismos de control y transparencia.
La iniciativa también prevé una mayor capacidad de planificación a mediano y largo plazo y la incorporación de recursos propios para el Poder Judicial.
Se establece que podrá participar en la renta de los depósitos judiciales en el Banco Provincia, en un rango de entre el 40% y el 50% de la rentabilidad generada.
Estos fondos estarán destinados principalmente a infraestructura, equipamiento, tecnología y modernización del sistema.
Desde la Corte señalaron que el esquema actual presenta limitaciones importantes y que la dependencia económica del Ejecutivo condiciona la independencia del Poder Judicial.
El avance de esta iniciativa abre un debate de fondo en la provincia de Buenos Aires y plantea la necesidad de una mayor independencia para el Poder Judicial.