En una reunión del Consejo Federal Pesquero, el ministro de Desarrollo Agrario de Buenos Aires, Javier Rodríguez, expresó su rechazo a la iniciativa del Gobierno nacional que impulsa el traspaso de cuotas de captura de merluza desde la flota fresquera hacia la flota congeladora. El ministro considera que la medida ‘vae en contra de la ley Federal de pesca y del sistema productivo’.
Según Rodríguez, la propuesta es contraria a la Ley Nº 24.922. ‘La Ley Federal de Pesca es muy clara en que no se pueden pasarse cuotas de barcos fresqueros a barcos congeladores’, enfatizó.
El ministro señaló que el proyecto prevé una triangulación, ‘un método infantil que incumple la ley’. Rodríguez también agregó que el Gobierno nacional ‘no le gusta la Ley Federal de Pesca’, y que la quiso derogar, pero que ahora buscaría ‘crear un mecanismo que, en definitiva, la incumpla y vaya en contra de una parte de la cadena’.
Javier Rodríguez denunció que el Gobierno nacional avanza con una política que ‘luego del incremento del costo de combustible, es un nuevo golpe a la industria fresquera’, y afirmó que ‘esta medida genera un impacto negativo directo sobre el empleo, la industria pesquera radicada en la Provincia y las economías regionales’.
Además, el ministro sostuvo que ‘con este proyecto se ataca una parte, pero parece que el objetivo es siempre el mismo: ir en contra de la actividad pesquera’.
El ministro remarcó que la actividad pesquera no se limita a la captura del recurso, sino que se sostiene en una cadena de valor cuyo eje central son las platas de procesamiento en tierra, intensivas en mano de obra. En ese sentido, advirtió que el nuevo esquema ‘favorece estructuralmente a la flota congeladora, que procesa a bordo, en detrimento de la flota fresquera, que abastece a la industria en tierra’.
Rodríguez alertó que la eventual reasignación de cuotas implicaría una reducción del flujo de materia prima hacia las plantas procesadoras, una caída de la actividad industrial y una afectación directa de puestos de trabajo registrados. ‘Cada tonelada que deja de procesarse en tierra es empleo que se pierde.’
Desde una perspectiva económica, el ministro afirmó que la medida generará una contracción de las economías locales, afectando cadenas de valor vinculadas como transporte, logística y servicios portuarios, y debilita el entramado productivo en las ciudades que tienen fuerte actividad pesquera.
El ministro aseguró que la iniciativa implica una reconfiguración regresiva del sistema, que reduce empleo y valor agregado. Rodríguez concluyó que ‘es una medida irrazonable, porque no pondera sus efectos socioeconómicos, y contraria al interés público, porque ataca a un segmento y eso actúa en detrimento de todo el sistema productivo’.