Reforma Judicial: Organizaciones Civiles Alertan sobre Cambios en la Designación de Jueces

Destacadas Organizaciones Civiles Emiten Documento de Alerta

La reforma en las designaciones judiciales ha generado una importante polémica en los círculos jurídicos y civiles. A través del Decreto 467/2026, el Poder Ejecutivo ha eliminado la instancia de observaciones públicas previas al envío de pliegos al Senado y quitó los criterios de paridad para la Corte Suprema.

Las organizaciones civiles han emitido un duro documento de alerta ante esta modificación, argumentando que la reforma reduce la participación ciudadana y la diversidad de género en los nombramientos judiciales.

El nuevo Decreto, dictado el pasado 16 de junio, elimina la ventana temporal en la que cualquier ciudadano u organización podía presentar apoyos u objeciones a los candidatos propuestos por el Presidente antes de que sus pliegos fueran remitidos al Senado.

Los argumentos oficiales para justificar la medida enfatizan la necesidad de agilizar los nombramientos y el hecho de que la participación ciudadana ya está garantizada en la posterior etapa del Senado. Sin embargo, las entidades civiles consideran que estos argumentos no son convincentes.

Fallo en la Participación Ciudadana

Una de las críticas principales de las organizaciones civiles es que la reforma suprime la participación ciudadana temprana en el proceso de nombramiento de jueces. Según ellas, esta participación era esencial para garantizar la representación de los intereses ciudadanos en la justicia.

Además, la eliminación de la instancia de observaciones públicas previas al envío de pliegos al Senado daña la confianza en las instituciones y debilita la calidad democrática.

Pérdida de Equidad en la Corte Suprema

Otro de los puntos críticos de la reforma es la eliminación de la obligación de velar por la igualdad de género, especialidad y procedencia regional al postular candidatos para el Máximo Tribunal. Esto se considera un retroceso importante para la paridad y la no discriminación.

Las organizaciones civiles recuerdan que la paridad y la no discriminación están protegidas por tratados internacionales con rango constitucional, lo que hace que la eliminación de estos criterios sea un paso inaceptable.

Un Antecedente Conflictivo

El documento vincula de forma directa este cambio normativo con la crisis institucional vivida hace dos años. En aquella oportunidad, el Ejecutivo propuso a dos candidatos para la Corte que recibieron impugnaciones masivas por la falta de perspectiva de género. Tras ignorar las críticas e intentar nombrarlos por decreto, el Senado terminó rechazando explícitamente los pliegos por primera vez en la historia del país.

Para las entidades firmantes, esta experiencia debió servir de lección para el Ejecutivo, en lugar de empeorar la situación con la reforma judicial actual.