En un contexto de parálisis de la obra pública y ajuste fiscal, el sector agropecuario se encuentra en alerta roja debido a la no ejecución de "$189.000 millones" destinados a obras de infraestructura hidráulica. El Fondo Hídrico de Infraestructura, que se nutre del impuesto a los combustibles, ha sido el foco de las denuncias. A medida que las lluvias intensas llegan a zonas clave de la producción, grupos de productores y entidades rurales lanzan una crítica feroz contra la gestión del Gobierno, que niega responsabilidad.
Según los productores, la falta de inversión no solo afecta la capacidad de drenaje de los campos, sino que ha puesto en jaque la logística de la cosecha. Rutas intransitables, caminos rurales ‘detonados’ y obras frenadas son solo algunos de los problemas que enfrenta el sector. Las entidades agrarias advierten que el desfinanciamiento de facto del Fondo Hídrico constituye una irregularidad grave, dado que son fondos con asignación específica que no deberían ser desviados para otros fines operativos del Estado.
Con el agua avanzando sobre las pasturas y los lotes sembrados, el campo exige respuestas urgentes antes de que el daño económico sea irreversible. La cuestión ahora es saber qué medidas tomará el Gobierno para abordar estos problemas y revertir la situación en el sector agropecuario, que se ha vuelto cada vez más crítica.