El sistema judicial argentino se encuentra en un momento delicado, con un 37% de las vacancias en los tribunales sin cubrir. En este contexto, el Poder Ejecutivo Nacional ha enviado al Senado 67 pliegos para designar magistrados y magistradas. Sin embargo, un informe conjunto de organizaciones de la sociedad civil ha señalado preocupaciones sobre la transparencia y los criterios de selección de estos candidatos.
El informe, que fue elaborado por ACIJ, INECIP, Amnistía Internacional, CELS, ELA y Poder Ciudadano, destaca tres ejes del conflicto: la idoneidad en duda, los vínculos familiares y políticos, y la brecha de género. De acuerdo con el documento, 12 postulantes han registrado ascensos de más de 10 posiciones entre la etapa objetiva y la discrecional, mientras que 20 candidatos no habrían ingresado en las ternas originales si solo se hubiera considerado su puntaje técnico.
Además, se ha detectado una postulación contraria a derecho y se han identificado vínculos familiares directos con magistrados o exmagistrados en 7 casos. De estos, en 2 casos los familiares son jueces que actualmente tramitan causas que afectan directamente los intereses del Poder Ejecutivo, lo que genera dudas sobre posibles ‘pactos de impunidad’ o favores políticos. También se han encontrado 3 candidatos que ocupan o han ocupado cargos de relevancia política.
Es importante destacar que la desigualdad de género sigue siendo un tema importante en el sistema judicial. El 70% de los pliegos corresponden a hombres, mientras que solo el 30% son mujeres. Esto no contribuye a romper la brecha histórica en los tribunales nacionales y federales.
Las organizaciones advierten que la discrecionalidad del Presidente para elegir un nombre dentro de una terna no debe confundirse con arbitrariedad. En su lugar, enfatizan la importancia de la idoneidad como principal requisito constitucional. La falta de motivación en estas elecciones debilita la confianza pública en la justicia.
En este escenario, la Cámara Alta tiene la responsabilidad de ejercer un control exhaustivo. Las audiencias que comienzan a finales de abril serán clave para determinar si el Senado avalará designaciones cuestionadas o si exigirá que los nombramientos respeten el mérito y la independencia necesarios para normalizar un servicio de justicia hoy paralizado por las vacantes.