Tensión en el Río Uruguay
La desregulación impulsada en Argentina por el Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, ha generado una fuerte tensión en la región del Río Uruguay debido a la eliminación de la obligatoriedad del servicio de practicaje para ciertos buques.
La Corporación Uruguaya de Prácticos del Río Uruguay (CUPRU) se ha manifestado en contra de esta medida, expresando su profunda preocupación por la seguridad náutica y la soberanía comercial de la región.
Según la CUPRU, la eliminación de la obligatoriedad del práctico aumenta exponencialmente las probabilidades de varaduras, colisiones y desastres ambientales debido a la complejidad técnica de la navegación en el Río Uruguay.
El impacto económico también es una preocupación, ya que la medida podría generar una asimetría competitiva y encarecer los seguros internacionales para los buques que operen en la zona.
Los prácticos uruguayos sostienen que la medida debilita la soberanía al permitir que capitanes extranjeros operen sin asesoría local en aguas compartidas, y amenaza la infraestructura al dejar que un error de maniobra pueda bloquear canales estratégicos durante semanas, paralizando las exportaciones uruguayas.
Rechazo en la Región
La postura uruguaya se alinea con las fuertes críticas que la medida ya ha recibido en Argentina por parte de la Federación de Prácticos de la República Argentina.
Ambos sectores coinciden en que el decreto prioriza un ahorro económico de corto plazo sobre la integridad de las rutas comerciales y la protección del medio ambiente.
El Caso en Argentina
El Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, argumenta que la medida busca reducir los “costos de la casta” y la logística portuaria, citando que la tecnología moderna permite a los capitanes prescindir de la guía humana en tramos específicos.
Sin embargo, para los expertos en el terreno, la tecnología es un complemento, no un sustituto de la experiencia local.
Consecuencias en la Región
La eliminación de la obligatoriedad del práctico podría tener graves consecuencias en la región, incluyendo el aumento del riesgo de accidentes y la paralización del comercio exterior uruguayo.
Es importante que las autoridades uruguayas y la CARU (Comisión Administradora del Río Uruguay) se sumen al rechazo y defiendan los protocolos de navegación segura que han regido el río durante décadas.