El conflicto de poderes en Necochea: el rol de la Procuración General de la Suprema Corte

En un desarrollo significativo, el conflicto de poderes entre el Departamento Ejecutivo de Necochea y el Honorable Concejo Deliberante ha alcanzado un punto crucial. La Procuración General de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires ha emitido un dictamen de gran relevancia, que respalda la postura del intendente Arturo Rojas y sostiene que el cuerpo legislativo local se extendió más allá de sus atribuciones al aprobar modificaciones en la Ordenanza Fiscal e Impositiva.

El dictamen se produce en el contexto de la disputa originada por la aprobación de la Ordenanza Nº 12.148/2026, que incorporó nuevas exenciones tributarias para excombatientes de Malvinas, sus viudas e hijos menores. La norma sufrió un veto del Ejecutivo municipal y posteriormente fue ratificada por el HCD, lo que llevó a presentar el conflicto ante la Suprema Corte bonaerense.

Según el documento emitido por la Procuración General, la discusión no concierne al reconocimiento a los veteranos de la guerra, sino a la competencia institucional para promover modificaciones tributarias. En este sentido, el documento sostiene que la Constitución provincial y la Ley Orgánica de las Municipalidades reservan la iniciativa de introducir modificaciones tributarias exclusivamente al Departamento Ejecutivo. Aunque el Concejo Deliberante puede debatir y aprobar proyectos de esta naturaleza, no puede impulsarlos por iniciativa propia cuando involucren recursos municipales.

El dictamen concluye que el Concejo Deliberante avanzó sobre facultades que no le corresponden, y en este sentido, expresa que ‘le asiste razón al señor intendente municipal de Necochea’, al considerar que el procedimiento seguido para sancionar la ordenanza no respetó el esquema constitucional de distribución de competencias. Además, la Procuración observa que la norma cuestionada no evaluó adecuadamente el impacto económico que tendría sobre las finanzas municipales ni justificó lo suficiente su incorporación al régimen tributario vigente, aspectos relevantes en este tipo de decisiones.

En consecuencia, la Procuración recomendó a la Suprema Corte declarar la nulidad de la ordenanza, al entender que el Concejo Deliberante invadió atribuciones propias del Departamento Ejecutivo y configuró un conflicto de poderes previsto en la Constitución bonaerense. Si bien este dictamen no tiene carácter vinculante, su relevancia dentro del expediente es evidente. Ahora corresponderá a la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires emitir el fallo definitivo y resolver la controversia institucional. Por otra parte, continúa vigente la medida cautelar dictada por el máximo tribunal, suspendiendo los efectos de la ordenanza y del decreto de insistencia aprobado por el Concejo Deliberante hasta que se emita una sentencia firme.