El Gobierno de Argentina ha lanzado un decreto que busca desregulación a fondo la actividad portuaria, lo que ha generado una gran tensión entre el Ejecutivo y las cámaras empresariales y los gremios del sector. La medida, impulsada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, busca reducir los costos logísticos y mejorar la competitividad del comercio exterior.

La eliminación de la obligatoriedad del practicaje en ciertos tramos y la falta de interlocución previa con el sector han generado una amplia crítica de los empresarios y especialistas del sector. Ellos argumentan que el practicaje no es un gasto burocrático, sino un servicio de seguridad pública delegado que es fundamental para evitar riesgos de incidentes y seguro ambiental.

Tiempos Calientes

La tensión en el sector es palpable y se prevé que se tomen medidas judiciales para frenar la aplicación del decreto. Las cámaras del sector han señalado que el estilo del ministro Sturzenegger ha sido inaceptable y que no se ha tenido en cuenta la opinión de los expertos en el sector.

Desde el entorno del ministro, sin embargo, se sostiene que la resistencia empresarial es la defensa de un privilegio corporativo que atenta contra la desregulación económica liderada por el presidente Milesi. El clima en los puertos se vuelve cada vez más hostil.

Personajes Clave

  • Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado
  • Matías Milei, presidente de la Nación

Los puntos de quiebre:

Los principales reclamos de los empresarios y expertos del sector se pueden resumir en tres puntos clave:

  1. Riesgo de incidentes: prescindir de prácticos experimentados en zonas críticas puede derivar en encallamientos o choques en el canal.
  2. Seguridad Ambiental: un error en la maniobra de un buque tanque podría provocar desastres ecológicos de escala impredecible.
  3. Desplazamiento de mano de obra local: el sector teme que la apertura sea el primer paso para que buques extranjeros operen sin los controles estrictos que rigen actualmente.

La postura oficial del gobierno mantiene que la eliminación del practicaje es un paso necesario para reducir los costos logísticos y mejorar la competitividad del comercio exterior. Sin embargo, la resistencia empresarial es fuerte y se espera que las cosas se caldeen en los próximos días.

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